Corte en Gualeguaychú: el gobierno se presentará como querellante

Lo anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al reiterar que no se va a reprimir la protesta de los asambleístas contra Botnia en el puente que va a Uruguay. Y denunció a los responsables del bloqueo ante la Justicia penal y civil por perjuicios económicos. Los manifestantes permanecen “firmes” en el lugar.

El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró este miércoles que "los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la Justicia" y sostuvo que "hasta ahora no ha habido contundentemente ningún fallo judicial". Por ese motivo, anunció, el gobierno se presentará como querellante en la causa. "Las decisiones son globales y de imposible cumplimiento. En lugar de notificar a quienes no se van a notificar y de poner las fuerzas de seguridad a presionar para habilitar el puente -no queremos reprimir- vamos a presentarnos como querellantes en la causa como política oficial del gobierno", dijo el ministro en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno. Agregó que "se ha presentado denuncia penal contra aquellos que entorpecen el funcionamiento de los transportes, por amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos  y apología del delito", entre otros.  También se presenta una demanda en el orden civil por cierre de comercios y pérdidas de fuente de trabajo en el transporte. "Nos preocupó la situación de Botnia y la contaminación de las aguas y, por ello, esperamos el fallo", dijo Fernández, y añadió que "el gobierno consideró imperioso recuperar la relación con la República de Uruguay". "Nuestro objetivo es cumplir el fallo de la Corte Internacional de La Haya porque oportunamente a eso nos sometimos. También hay que cumplir la política ambiental, que es nuestra responsabilidad estratégica y política. Hay que garantizar que los ciudadanos no corran riesgos de ninguna naturaleza. Pero el fallo no reconoce que haya habido contaminación", dijo el ministro. En relación a la postura de no reprimir, el jefe de Gabinete señaló que "el gobierno ha sido sumamente paciente y ha pagado costos" y añadió que "esperábamos iniciar una nueva etapa para garantizarle a nuestros habitantes un monitoreo permanente". "El tema terminó con el fallo. Ahora observamos que la ocupación del puente continúa, como si no hubiera habido un punto de inflexión. Esto es un alzamiento contra el tratado, que tiene rango constitucional. Estas conductas impedirán el control y el monitoreo permanente. No hay forma de predisponer a Uruguay a trabajar conjuntamente ante esta situación", dijo. Fuente: Rosario3.com